Todo ocurrió en pocas horas, pero deja un resultado claro: una campaña gratuita para Blabla Car, la plataforma en línea para compartir coche.

El lunes el Ministerio de Fomento envió un comunicado en el que recordaba que “la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica se encuentren previamente autorizados por la Administración”. Y advertía de la existencia de “anuncios en los medios y redes de comunicación mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares”. El departmento dirigido por Ana Pastor también aprovechaba para recordar las multas previstas por la ley: de hasta 6.000 euros para las personas que realizan el servicio en su vehículo; hasta 600 euros para los usuarios.

Periodistas y consumidores hicieron la conexión rápidamente. Aunque el ministerio no nombraba ninguna plataforma en concreto, la nota del gobierno llegaba un par de días antes de la huelga convocada por asociaciones transportistas, que hace meses que se quejan del impacto de Blabla Car, la popular plataforma en línea que pone en contacto conductores particulares y viajeros para compartir vehículo y gastos, y de la llegada de Uber, una aplicación recientemente implantada en Barcelona que conecta conductores privados con pasajeros en la ciudad.

La sospecha corrió como la pólvora: los medios y las redes sociales se llenaron de titulares y comentarios de alarma: ¡¿quieren multarnos por compartir coche?! Blabla Car tardó muy poco en publicar una nota tranquilizadora: “Compartir gastos es legal” y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió “reglas claras para el consumo colaborativo”.

Ante esta situción, el director general de transporte terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín Del Moral, tuvo que aclarar el ambiguo comunicado que había dado pie a la alarma. La legislación (y las multas) sólo es aplicacable cuando hay “una actividad económica, una remuneración por la prestación de estos servicios, y también una actividad empresarial”.

Así pues, parece que el blanco de las advertencias del gobierno es Uber y su equipo de conductores, que cobran por sus servicios, y no Blabla Car. La Generalitat de Catalunya ya ha anunciado que pedirá a Uber que cese inmediatamente sus actividades. Sin embargo, la Comisión Europea se ha pronunciado a favor de facilitar la innovación que representan tanto los servicios para compartir coche como las alternativas al taxi, y señaló que multar a las usuarios es en todo caso una medida extrema. “Nadie dice que los conductores de Uber no tengan que pagar impuestos, respetar las normas y proteger a los consumidores. Pero prohibir Uber no les da la oportunidad de hacer las cosas bien”, dijo a Efe Ryan Heath, portavoz comunitario de Agenda Digital.

Blabla Car queda pues enmarcada en el ámbito privado de los acuerdos individuales facilitados por la tecnología, se salva del debate y se lleva una campaña no buscada pero que muy probablemente le resultará beneficiosa.